El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, expidió un decreto que prohíbe las caravanas de motociclistas y los llamados piques ilegales en toda la ciudad, y anunció una recompensa de 30 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar a sus organizadores.
La medida llega tras la difusión de un video viral donde un joven exige “espacio para hacer piques” en Cartagena, justo después de una tragedia reciente en la Vía al Mar. En ese episodio, tres jóvenes perdieron la vida luego de un accidente durante una competencia no autorizada de motos.
¿Por qué este decreto?
Turbay justificó la decisión argumentando que las caravanas y piques han contribuido a alteraciones del orden público, bloqueos de vías y actuaciones peligrosas que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos. Además, afirmó que entre 2017 y 2024 ha aumentado el uso de motocicletas en casos de homicidios y delitos viales.
El decreto—vigente hasta el 31 de diciembre de 2025—establece varias restricciones:
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Prohibición absoluta de caravanas de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos.
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Prohibición del uso de máscaras, antifaces o elementos que impidan la identificación (excepto el casco reglamentario).
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Sanciones inmediatas conforme al Código Nacional de Tránsito y el Código de Policía.
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Facultades al DATT y la Policía Metropolitana para hacer cumplir las disposiciones.
Medidas adicionales y recompensas
El decreto también contempla el cierre de talleres y almacenes de repuestos donde se alteren motocicletas de forma ilegal. Turbay ordenó que esas operaciones inicien desde las 2 p.m. del día en que se publicó la medida.
La recompensa de 30 millones de pesos es para quien suministre información que permita rastrear a los promotores o líderes de las caravanas y piques ilegales. Según el alcalde, ya se conocen los seudónimos usados en redes sociales como Telegram, aunque no su identidad real.
Contexto y antecedentes recientes
El decreto se produce tras el reciente accidente en la Vía al Mar que causó tres muertes relacionadas con competencias ilegales de motos. Ese hecho intensificó la presión sobre las autoridades para actuar.
En Cartagena, estas rodadas masivas han sido motivo de protestas mediáticas y también han servido de escenario para delitos, según el gobierno distrital.
Retos para el cumplimiento
Aunque el decreto es claro en sus prohibiciones, su aplicación exigirá control jurisdiccional, operativos de vigilancia y coordinación entre entidades como la Policía y el DATT. También la recompensa sugiere que las autoridades buscan cortar de raíz la planificación de las caravanas.
La ciudad enfrentará ahora el desafío de disuadir la movilización masiva de motociclistas no autorizada, mientras pretende enviar un mensaje firme contra la impunidad en las vías.
